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Publicado el: 02/03/2013
Contra la profesionalización del periodismo
Por: Armando Cerrato
La muerte de los departamentos, escuelas, institutos y carreras universitarias de periodismo, así como la del colegio, asociaciones, sindicatos, colectivos, ONGs y OPDs que agrupan a periodistas, ha sido anunciada en el artículo 23 de la propuesta Proyecto de Ley de Comunicaciones en Honduras, que el Presidente Porfirio Lobo Sosa enviará al Congreso Nacional para su aprobación.

El letal texto que evidentemente no fue redactado por un periodista, aunque varios que serán los principales perjudicados lo avalan, dice: Artículo 23. Derecho al libre ejercicio de la comunicación. Todos los ciudadanos y ciudadanas tendrán derecho a ejercer la comunicación según lo establecido en la Constitución de la República y los Tratados Internacionales.

Está prohibido exigir título profesional, colegiación o agremiación profesional, como condición o requisito para que cualquier persona realice actividades de comunicación social o periodística.

Son proponentes de este proyecto la secretaria de Derechos Humanos y Justicia, Ana Pineda, sus amigos financiados desde el extranjero del Colectivo para la Lucha por la Libertad de Expresión (C-LIBRE) y el periódico El Libertador, esta vez bajo los auspicios -léase financiamiento- de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en una clara intervención en los asuntos legislativos internos que única y exclusivamente atañen a los hondureños.

El mandatario y los proponentes se olvidan que la comunicación es un proceso, y que, como tal, es compleja, tan así que tiene diversas formas de expresión y no exclusivo de los seres humanos que, sin embargo, la han llevado a un grado superior y siguen perfeccionándola en todos sus campos, métodos y técnicas.

Los comunicólogos que aceptan que los animales también se comunican, en cuanto a la comunicación como factor esencial y principal del desarrollo de la civilización y la cultura, dicen que la comunicación es la relación comunitaria humana consistente en la emisión-recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre.

Esa definición implica la actitud individual y colectiva de las personas frente a otras personas, frente a frente, o a corta, media y larga distancia a través del uso de los medios técnicos conocidos hasta hoy, por eso es libre y por ello no puede ser regulada, restringida o limitada por ley alguna, así que el primer párrafo del artículo 23 en mención, es absolutamente innecesario, porque además la Constitución de la República no legisla sobre la comunicación en sí, sino sobre la libre emisión del pensamiento, la comunicación y la circulación de ideas sin censura previa y las opiniones.

La Constitución apunta que: Los talleres de impresión, las estaciones radioeléctricas, de televisión y de cualesquiera otros medios de emisión y difusión del pensamiento, así como todos sus elementos, no podrán ser decomisados ni confiscados, ni clausuradas o interrumpidas sus labores por motivo de delito o falta en la emisión del pensamiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que se haya incurrido por estos motivos de conformidad con la ley, como quieren los reformistas.

Ya existe una Ley de Libre Emisión del Pensamiento que junto a su fuente originaria, la Constitución, ha sido y es violada por los proponentes en la parte que dice: Ninguna empresa de difusión del pensamiento podrá recibir subvenciones de gobiernos o partidos políticos extranjeros. La ley establecerá la sanción que corresponda por la violación de este precepto. La dirección de los periódicos impresos, radiales o televisados, y la orientación intelectual, política y administrativa de los mismos, será ejercida exclusivamente por hondureños por nacimiento.

La Constitución garantiza además el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, pero los distintos gobiernos han hecho caso omiso a la aplicación de esta norma y más bien fomentan la existencia de medios electrónicos y digitales dirigidos por periodistas especialistas en esta indignidad ética de una noble profesión hoy por hoy de nivel universitario que quieren volver empírica en un salto dialéctico hacia atrás, tan solo propuesto y avalado por retrógrados oscurantistas a los que la academia sale sobrando si esta atenta contra su modus vivendi.
       
       
       


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